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el urbanismo debe actuar dentro de un marco de planificación nacional e
internacional con el fin de lograr un desarrollo sostenible por ambas partes.
Las infraestructuras económicas de muchas ciudades antiguas necesitan ser
sustituidas. Las escuelas públicas y los hospitales urbanos son un reducto de
las instituciones dominantes en un tiempo pasado en la ciudad. Durante medio
siglo el público se sintió fascinado por las zonas limítrofes de las áreas
metropolitanas. El poder de esta atracción ha sido tan fuerte que cuando las
distancias al lugar de trabajo, situado en el centro urbano, se hicieron
excesivas, los empresarios decidieron trasladarse a las afueras. A finales del
siglo XX, sin embargo, la última generación de adultos, más joven que la mayoría
de los habitantes de la ciudad, con más movilidad, a menudo sin hijos, y con una
mayor libertad en sus relaciones, se ha sentido cautivada por la vida de la
ciudad. Como respuesta, las ciudades están proporcionando servicios públicos y
encauzando inversiones hacia una mejor calidad de vida en esas zonas que ofrecen
atractivos incomparables para esta nueva población. En este escenario, diversos
grupos de ciudadanos han alcanzado una mayor sofisticación en la búsqueda de sus
intereses. Están mejor informados, conocen las leyes y los procedimientos
jurídicos, tienen más habilidad política y son más militantes y persistentes.
Han aprendido que la planificación conlleva un orden dentro del cambio y quieren
influir en ella. Por su parte, los urbanistas están intentando equilibrar las
demandas de intereses enfrentados para convertirlos en un consenso comunitario
dinámico que posibilite la toma de decisiones. Además, las reacciones en contra
de una planificación central y a favor del desarrollo privado que se han
producido a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 han desembocado en ambiciosos
experimentos con el objetivo de reducir los controles urbanísticos, a veces, con
resultados desiguales.
Controles del desarrollo
Una vez adjudicado el terreno, las actividades privadas se coordinan con las
instalaciones públicas por medio de ordenanzas de división zonal y
reglamentaciones de subdivisiones. Una reglamentación urbanística o una
ordenanza de división en zonas delimita cómo puede utilizarse el terreno, así
como el tamaño, tipo y número de estructuras que pueden ser construidas en él.
Todo el terreno que se encuentra dentro de una ciudad aparece dividido en
distritos o zonas. En estos distritos se permiten por derecho ciertos usos del
terreno y se especifican las restricciones generales en lo relativo a la altura,
tamaño y uso de la construcción. Las reglamentaciones llevan a cabo las
asignaciones del terreno recomendadas en el plan global. Se proporcionan
emplazamientos específicos para distintos tipos de residencias, industrias y
negocios, junto a cifras específicas relativas a la altura de los edificios, la
ocupación del solar y la densidad estipuladas, y se especifican para cada área
los usos del terreno permitidos, incluidas las condiciones especiales, como
puede ser el estacionamiento fuera de la vía pública. Si se cumplen los
requisitos especificados se concederá el permiso. Otras reglamentaciones
proporcionan criterios generales de considerable flexibilidad en lo referente a
la mezcla de usos de los edificios o al diseño de la construcción, aunque para
ser aprobadas necesitan un estudio más exhaustivo. (Colaborador del articulo:
Vladimir Angeles Atayde) |
