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 Sistema municipal de viviendas.
Esquema operativo para reorientar el sistema municipal de vivienda. Para
lograr los propósitos antes señalados, es necesario crear el organismo municipal
de vivienda, sea Dirección de Vivienda o Instituto Municipal de Vivienda, que
exprese la acción del gobierno en esta materia; haciéndolo responsable del
diseño y seguimiento de las políticas
habitacionales y dotándolo de la autoridad y
personalidad jurídica suficiente para que garantice que el gobierno municipal
contribuya a multiplicar la oferta de viviendas que actualmente se construyen a
través de los distintos organismos participantes, desarrollando nuevas
modalidades de captación de fondos, teniendo como objetivo la disminución
drástica del déficit habitacional con la construcción de un mínimo de 12,000
espacios habitacionales durante los tres años de gobierno a través de las
siguientes acciones:
• Constituir y administrar Reservas Territoriales para el
Desarrollo Urbano y la Vivienda que formen parte del patrimonio municipal;
• Identificar e implementar fuentes alternativas de financiamiento.
• Establecer mecanismos de diagnóstico, planificación y control de gestión
participativos.
• Diseñar un sistema de adjudicaciones de créditos, viviendas y contrataciones,
que transparente su accionar, seleccionando a los beneficiarios con base en
criterios que faciliten el acceso a la vivienda a quienes más lo necesiten, en
función de su calidad de derechohabientes, independientemente de la capacidad de
gestión política propia o de los líderes que los representan.
• Diversificar el menú de la oferta, para atender las distintas realidades
sociales y económicas de modo tal que se asegure, además, la libre elección de
los demandantes de vivienda.
• Complementar la oferta de vivienda nueva con alternativas para la recuperación
de las unidades deterioradas, insuficientes y ociosas, la regularización
dominial de la propiedad y la provisión de infraestructura, saneamiento y
servicios.
• Mejorar la distribución de las viviendas, el mejor uso del tejido urbano y las
tierras disponibles, una mas adecuada inserción social de los habitantes, la
generación de empleo, y la atención y cobertura de todo el territorio municipal.
• Redefinir la política del hábitat entendiéndolo como un todo imprescindible,
la legislación y las políticas de suelo urbano, el ordenamiento territorial y
poblacional, la planeación urbana, y los planes y programas para la satisfacción
del derecho a la vivienda.
• Hacer más eficiente la acción de las instituciones públicas destinadas a
proporcionar vivienda así como optimizar el uso de sus recursos a través de la
reducción de los costos en el financiamiento y producción de vivienda.
• Redistribuir el subsidio, lo que consiste básicamente en disminuir los
subsidios -implícitos o explícitos- destinados a los sectores de ingresos medios
de la población, transfiriendo esos mismos a los sectores mayoritarios de bajos
ingresos que, de no contar con alguna forma de subsidio, no tendrían acceso a
una vivienda.
El logro de estos objetivos supone conciliar el aumento en la
atención a los de menores ingresos, con la viabilidad tanto de las actividades
del sector financiero dedicadas a vivienda como de las actividades relacionadas
con la producción de vivienda en su conjunto. La posibilidad de conciliar estas
metas, aparentemente en conflicto, sólo puede darse a través de una considerable
reducción de los costos involucrados en la construcción de vivienda, liberando
así recursos importantes, sobre todo de los de ingresos medios, para
transferirlos, a través de las instituciones públicas de vivienda, a los
mayoritarios de menores ingresos. En otras palabras, sólo se podrán conciliar
ambos objetivos si se hace un uso más eficiente de los recursos, asignándolos
preferentemente a los grupos más pobres, pero asegurándose de que la disminución
en los costos de la vivienda sea lo suficientemente amplia para que los grupos
de ingresos medios puedan acceder a ella sin necesidad de subsidio.
Asimismo, como apoyo a los programas de autoconstrucción,
resulta útil la creación de centros de apoyo a la vivienda que se dediquen a
proporcionar asistencia técnica y capacitación a los autoconstructores, que
distribuyan materiales y componentes de construcción, que hagan accesible las
herramientas indispensables para la construcción y que difundan planos de
diseños de vivienda progresiva mediante cartillas y modelos. Así el
beneficiario, además de construir su propia vivienda, puede también participar
en la instalación de los servicios urbanos, disminuyendo aún más los costos de
la acción gubernamental. La cuestión fundamental dentro de la acción
habitacional municipal para este sector deja de ser entonces el financiamiento a
viviendas terminadas, para convertirse en proveedor de servicios de
infraestructura básica y saneamiento de la comunidad. Estas actividades se
constituyen, así, en una prioridad con respecto a la construcción misma. El
volumen mínimo de servicios que se introducen está en la categoría de "bienes de
interés social" e implican necesariamente alguna forma de subvención directa o
cruzada.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los subsidios
asociados a la regularización de la tierra y a los parques de materiales no
distorsionan el funcionamiento de los mercados, y por lo mismo los beneficios
directos equivalen al mismo monto de los recursos que se utilizan. El papel del
gobierno municipal consistirá entonces en trascender la función de
financiamiento de la vivienda propiamente dicha, para impulsar, también el
financiamiento urbano; consiste entonces en "orientar" los procesos de
construcción espontánea y hacerlos parte integral de los programas
institucionales de vivienda. [ Equipo
arquitectura y construcción de
ARQHYS.com ].
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