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La vivienda y
la economía. Así como la inversión en la compra o alquiler de una vivienda
constituye una de las inversiones más significativas dentro de la economía
familiar o individual, también si se atiende a la economía de una sociedad se
observa que la vivienda constituye uno de los indicadores más fiables para
apreciar las características generales de esa sociedad. Los economistas hacen
notar que el ritmo de construcción de viviendas es el exponente más claro para
apreciar el grado de prosperidad económica de una sociedad en un momento dado.
Esto se debe al hecho de que para construir una vivienda se movilizan
prácticamente todos los sectores industriales y artesanos que dan vida económica
a un país. El hecho de que el nivel de construcción sea alto suele responder a
la existencia previa de una demanda capaz de adquirir las viviendas construidas.
Con el incremento del número de edificaciones, esta parte de la población que
desea invertir su capital verá la posibilidad para hacerlo, lo que contribuirá a
desarrollar una movilidad económica que siempre resulta saludable para un país.
Por otra parte, el grado de prosperidad que pueda haber alcanzado la economía en
un lugar y en un momento dado se refleja también en la disminución del número de
infraviviendas, que también se conocen bajo el nombre de “viviendas precarias”.
Este tipo de vivienda construida a base de materiales de desecho da cobijo a
familias enteras sin contar en realidad con unas mínimas condiciones de
salubridad en sus instalaciones. Los poblados de viviendas precarias suelen
estar situados en zonas marginales de las ciudades, desplazándose continuamente
a aquellos terrenos suburbanos o rurales -alejados del “centro”- que no han sido
urbanizados y que, por razones de mercado, se convierten en terrenos atractivos
para especuladores.
Actualmente, los gobiernos nacionales de los países que
padecen el problema de la existencia en su territorio de una alta proporción de
infraviviendas van incorporando a sus proyectos políticos, cada vez con más
frecuencia, programas de realojamiento en viviendas convencionales dirigidos a
estas familias, no sólo con el propósito de proporcionarles alojamientos más
dignos, sino también porque, con este procedimiento, pueden disgregarse los
grupos que pudieran llevar a cabo actividades socialmente reivindicativas, e
incluso delictivas, muchas veces asociadas con estos poblados marginales de
vivienda precarias, y procurar así su reintegración social. A su vez, resulta
claro que el grado de prosperidad de una sociedad se traduce no sólo en el
número de viviendas que se construyen, sino en su calidad y categoría, de las
que dependerá el grado de satisfacción de aquellas familias que lleguen a
habitarlas, así como la decisión que los consumidores puedan tomar para realizar
o no una inversión económica en ellas. Todas estas observaciones sobre la
importancia de la vivienda como bien de consumo y como motor de la economía de
una sociedad determinan el hecho de que, en los países desarrollados, los
Estados presten una gran atención a la planificación de las construcciones.
Históricamente, siempre que se ha producido la urbanización de una zona, se ha
hecho necesaria cierta intervención por parte del Estado, aunque sólo fuera
desde el punto de vista urbanístico, para evitar que brotaran epidemias causadas
por las condiciones insalubres de las edificaciones o por el hacinamiento. Desde
la época de gran desarrollo de la vivienda que tuvo lugar como consecuencia de
la Revolución Industrial a lo largo del siglo XIX, en los países de cultura
anglosajona, precisamente allí donde el desarrollo industrial y urbano tuvieron
más fuerza, la creación de vivienda destinada a ser ocupada por colonias
pertenecientes a las clases trabajadoras corrió en buena medida a cargo de los
mismos empresarios que ofrecían el empleo a los obreros a menudo emigrados a la
gran ciudad desde las zonas rurales. Estas viviendas no siempre presentaban unas
mínimas condiciones de dignidad para los trabajadores que iban a ocuparlas. Como
reacción, se crearon organizaciones de beneficencia privada que se preocuparon
por ofrecer viviendas de más calidad y en unas condiciones más favorables
precisamente a las clases trabajadoras o a las más desfavorecidas
económicamente. Las dos formas de intervención en la construcción de viviendas
por las que puede optar un Estado consisten, por una parte, en realizar
programas de viviendas de protección oficial, que se venden a los ciudadanos a
un precio menor que las construidas exclusivamente por iniciativa privada; por
otra parte, el Estado puede preferir animar la capacidad de sus ciudadanos para
invertir en vivienda. Así, el grado de intervencionismo de cada Estado puede ser
mayor o menor, pero, en general, todos mantienen algún grado de influencia o de
intervención, ya sea construyendo o estimulando la adquisición de viviendas
mediante procedimientos tales como la concesión de créditos a fondo perdido,
desgravaciones fiscales o, sencillamente, mediante el establecimiento de
legislaciones protectoras para los inquilinos o para aquellos que deciden
invertir sus ahorros en la adquisición o construcción de una vivienda. (Colaborado por: Raul Nolasco Kipes,
Argentina ) |
