A pesar de que por varias décadas ha existido una acción habitacional apoyada por el estado, en la Rep.Dom. persiste un grave problema de vivienda. Para superarlo se requiere no sólo de mayores recursos y una nueva política habitacional que recupere su contenido social, sino, también, de programas que tomen en cuenta limitaciones que afectan el uso de la vivienda, las características demográficas de los habitantes, la tipología y características físicas de la vivienda, las formas de relación social y los aspectos político administrativos del proceso. El Estancamiento de la Política Habitacional en la Rep.Dominicana. Como casi todos los países de América Latina, Rep.Dom. sufre de un serio problema de vivienda, debido a la carencia que experimentan las familias pobres para adquirir un lugar adecuado para vivir. Este problema se agudizó a partir del Siglo XX, cuando la población de nuestro país pasó de ser fundamentalmente rural a predominantemente urbana. Por eso, se dice que la carencia de vivienda adecuada es una característica del campo y el problema de la vivienda se ha concentrado en las áreas urbanas, especialmente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas del país.

Frente a este problema que afecta fundamentalmente a los sectores de menores ingresos de la población, el Estado ha intervenido de varias maneras. Por una parte ha promovido la vivienda social, aquella vivienda nueva terminada que satisface a una parte de la demanda. Por otro, ha desarrollado programas alternativos para la vivienda terminada, consistentes en apoyo para el mejoramiento de viviendas existentes, vivienda progresiva (vivienda que se termina gradualmente). Pero sin duda, la solución más importante, cuantitativa y cualitativamente, es la vivienda terminada.Sin embargo, a pesar de los esfuerzos efectuados, la producción de vivienda social ha estado lejos de disminuir el problema habitacional. Si bien cuantificar la demanda no satisfecha es difícil, principalmente por las complicaciones para calificar a la vivienda deteriorada, aunque oficialmente se reconoce que para el año 2005, con una población total de 9, 249,970 personas y un parque 2, 446,930 viviendas particulares, existía un déficit de 800,000 unidades; es decir casi 32% del inventario existente. Adicionalmente desde el año 2005 a la fecha se requerirán por lo menos 100,000 nuevas viviendas anualmente. El fracaso de la acción habitacional del Estado en Rep.Dom. ha tenido que ver con varios factores.

En primer lugar, la falta de recursos suficientes (acorde con las necesidades) para orientarlos a la inversión en vivienda social. En segundo lugar hay que mencionar la carencia de una política habitacional con verdadero contenido social a pesar de que el discurso oficial plantea siempre que la oferta debe orientarse hacia los más pobres del país.. En estos años, la acción de los organismos estatales ha sido contemplada como un impulso a la economía (básicamente por la creación de empleos que esta actividad supone) y no como una actividad básica para el bienestar de la población. En consecuencia, los programas habitacionales, especialmente los de vivienda nueva terminada, son cada vez menos accesibles para las familias de bajos ingresos que, según datos oficiales para el año 2005 constituían cuando menos el 40% de los hogares del país (que son los que reciben ingresos menores a 3 salarios mínimos mensualmente). En tercer término, la acción habitacional ha fallado porque los programas que se han aplicado desde hace muchos años no contemplaron las verdaderas características demográficas, sociales y culturales de la población demandante, ni tampoco los problemas que se han presentado en dichas viviendas. Menos aún se conocen las reivindicaciones en relación al tipo de vivienda a la que aspira la familia dominicana, la cual ha experimentado cambios profundos en las últimas décadas, cambios que no parecen estar contemplados en la actual oferta habitacional de tipo social.

Todo esto ha llevado a una situación muy particular de las áreas urbanas, especialmente en las grandes ciudades del país. En ellas, la vivienda social no ha constituido nunca la vía principal para que los más pobres obtengan un techo, de tal forma que este porcentaje de la demanda no ha sido satisfecha con esta oferta. Sucede entonces que alrededor del 40% de la población, que es la que ha quedado fuera de los esquemas de beneficiarios y está limitada económicamente para recurrir al mercado formal, ha tenido que autoproducir su vivienda en largos procesos de autoconstrucción, generalmente en suelo irregular, en el cual han debido introducir también los servicios y el equipamiento.En consecuencia, es indispensable que el problema de la vivienda en Rep.Dom. se enfrente de una manera diferente. Para esto es fundamental una voluntad política de los responsables del sector que permita reorientar la política habitacional en la búsqueda de un mayor objetivo social, tanto en acción como en cobertura.

Por lo tanto hay que desarrollar propuestas que contemplen no sólo aspectos, sino también las formas de producción, los recursos necesarios, los esquemas de financiamiento adecuados y el papel que deben cumplir los diferentes agentes involucrados, al igual que deben definirse programas habitacionales que contemplen la diversidad de la demanda que proviene de las familias de bajos ingresos, así como sus requerimientos en cuanto a la vivienda que desean. La elección de una vivienda de autogestión, siempre es resultado de las dificultades económicas y de procedimientos que implica para los más pobres el acceder a la vivienda nueva terminada que ofrecen los programas sociales. En muchos casos es también la búsqueda de una vivienda que se adapta mejor a los requisitos y necesidades actuales de la familia.
El crecimiento urbano en la Rep.Dominicana. Entender la vivienda social en la Rep.Dom. requiere conocer ciertos antecedentes concernientes al proceso de desarrollo urbano y, especialmente, sobre la formación de sus áreas habitacionales en las últimas décadas. Para esto debe aclararse que, el Distrito Nacional se considera la Zona Metropolitana de la capital, la cual es el área urbana formada también por la provincia Santo Domingo. Esta extensa zona urbana constituye, en realidad, una sola y gran ciudad aunque desde el punto de vista político administrativo no se la considere así.

El Desparramiento Urbano en la ciudad Capital. El origen de esta gran extensión urbana se conformo por el crecimiento horizontal experimentado alrededor de la Ciudad Colonial en dirección norte, este y oeste desde el siglo XV.Este proceso desordenado y continuo comenzó con el acelerado crecimiento poblacional y la incorporación de nuevo suelo al área urbana, destinado fundamentalmente a vivienda y, ya en el siglo XX, con el surgimiento de los nuevos municipios más cercanos al centro. Por otra parte, el proceso de poblamiento se orientó también hacia el oeste, mezclándose con las áreas industriales y hacia el norte donde existía suelo más barato, ya sea por su irregularidad jurídica o por sus malas condiciones de habitabilidad y donde se pudieron asentar los grupos más pobres. El tipo de suelo disponible y la existencia de una administración que orientara, planificara y controlara el proceso de desarrollo urbano, fueron determinantes para la localización de la vivienda social y su complemento, la vivienda popular autogestionada. Así, mientras la antigua capital de Santo Domingo tuvo suelo barato o reservas territoriales de propiedad pública disponibles, la vivienda social nueva se ubicó en esta parte de las periferias, sino en zonas más céntricas como resultado de procesos de renovación urbana (Régimen de Trujillo) o de reconstrucción (Gobierno de Balaguer). Cuando este suelo disminuyó, los organismos públicos y sus programas de vivienda nueva se dirigieron hacia el este de la ciudad, concentrándose en algunos sectores sub-urbanos en ese entonces (Invivienda, Hainamosa, El Almirante, El Tamarindo, Cansino).

La vivienda autogestionada por los sectores populares ha sido la alternativa habitacional más importante para la población de bajos ingresos, la cual se ubicó también en zonas periféricas alrededor del río Ozama e Isabela. Sin embargo, como en la capital existía un mayor control por parte de las autoridades y una menor oferta de suelo, tendió a concentrarse progresivamente en los barrios septentrionales de la ciudad capital (Los Gandules, Gualey, Guachapita, Capotillo, La Zurza, entre otros), donde había más oferta de suelo barato y menor control de los procedimientos con que se ofrecía . Dada la mala calidad de la vivienda que, por lo general, caracteriza en un comienzo a estos procesos informales, es en estas zonas donde se deberán concentrar los programas oficiales de mejoramiento de vivienda o de apoyo a la vivienda progresiva.

La vivienda social en la Ciudad Capital. Las primeras viviendas que se efectuaron en la Ciudad Capital vinculadas a programas de apoyo oficial para demandantes de bajos ingresos, fueron fraccionamientos de vivienda unifamiliar efectuados por el Gobierno de Trujillo.Posteriormente, a finales de los sesentas, como respuesta al aumento de la demanda habitacional, empezaron a ejecutarse los primeros programas de vivienda social para ciertos grupos de derecho-habientes (trabajadores del Estado). Pero fue sólo al comienzo de los años setentas cuando se crearon los mecanismos que permitieron una acción pública de gran magnitud y alcance. Pero, a fines de los ochentas, se produjeron cambios importantes en el país que modificaron las condiciones en que se había venido produciendo la vivienda social y esto ha tenido efectos substanciales para la población demandante. Sobre el autor: MIGUEL WELLOVE MODESTE GONZALEZ, MWELLOVE@HOTMAIL.COM