El déficit habitacional existente en el país exige que se construyan aproximadamente casi 800 mil viviendas para enfrentar dicha problemática, meta que es imposible de alcanzar, dado los elevados recursos que amerita, por lo que en un plazo de diez años, podria considerarse la construcción y/o mejoramiento de 80,000 unidades anuales, producción que nuestro país nunca ha podido lograr, inclusive ni en los mejores tiempos de dicho sector. Esta demanda de viviendas constituyen las requeridas en el país para que todos los dominicanos puedan habitar un techo digno, seguro y saludable, según datos de los expertos. Se estima que para hacerle frente al problema del déficit habitacional se necesitaría construir y/o mejorar unas 80 mil viviendas durante 10 años en la Rep. Dominicana. La producción anual de 50 mil viviendas haría frente al crecimiento del déficit habitacional, que equivale aproximadamente a la demanda de las nuevas familias que surgen cada año, a la presión de la migración interna y al continuo deterioro de las unidades existentes y con la construcción y/o la reparación de otras 30 mil unidades se intentaría contener el déficit actual.

En nuestro país, el sector privado construye un promedio de 25 mil viviendas para los sectores de altos y medios ingresos de la población. Igualmente el gobierno levanta para los sectores de menores ingresos, alrededor de 5 mil unidades. De modo que el promedio de viviendas construidas actualmente es de 30 mil cada año, por lo que solo habría de contemplar satisfacer la demanda de las 50,000 restantes acumuladas, obviamente una solución seria inyectar recursos frescos provenientes del aporte del Presupuesto Nacional de Gastos Públicos, de prestamos internacionales y de la contribuccion de la Superintendencia de Pensiones, la cual tiene un patrimonio de alrededor de RD$28,000 millones, de los cuales se solicitaría el 20% para financiar unas 20,000 unidades adicionales por año, las 30,000 unidades restantes deberán ejecutarse en un un masivo y continuo Plan Nacional de viviendas soportado por una nueva e integral Política Habitacional, administrada por un organismo rector y ágil, que tendría un rol de regulador y facilitador, bien podría ser la nueva Secretaria de la Vivienda y Asentamientos Humanos, para desde allí producir una adecuación, no solo en el marco legal y normativo de las leyes que regulan el sector vivienda, sino también garantizar una modernización administrativa y una re-estructuración institucional en las demás entidades que componen el esquema habitacional en la Rep. Dominicana.

El Subsidio Estatal. El subsidio a través del bono habitacional, será vital para la solución del problema financiero de la vivienda, ya que el 75% de las familias dominicanas tienen que recibir un subsidio por parte del Estado para poder adquirir una vivienda digna. Además, hay otro 10% de la población clase media que, a pesar de que puede acceder a préstamos del sistema financiero nacional, deberá complementar con un pequeño subsidio estatal para adquirir una vivienda. Sólo el restante 15% de las familias dominicanas podrán adquirir una vivienda con un préstamo del sistema financiero nacional, sin necesidad de subsidio estatal. Sin embargo, deberá expandirse el crédito hipotecario ya que el mismo va creciendo lentamente, pero de manera progresiva.

Filosofía de ahorro. Una de las mayores limitaciones en el problema de la vivienda, radica en la baja capacidad de ahorro, como inusual costumbre del dominicano de escasos recursos. Se evidencia que la construcción de viviendas se concentra, sobre todo en mega-ciudades como la capital y Santiago. Del total de viviendas construidas en todo el país, el 70 % se construyen en grandes ciudades contribuyendo, por un lado a recuperar los antiguos barrios, y por otro lado, a presionar los asentamientos marginales periféricos hacia un acelerado y desproporcional crecimiento que provoca cinturones de miseria alrededor de dichas urbes. En resumen, se observa que los principales obstáculos que impiden el desarrollo del parque habitacional en Rep.Dom., responde a la limitada capacidad de ingresos de la población de escasos recursos para adquirir una vivienda, al impreciso establecimiento del rol de las instituciones ligadas al sector para enfrentar la problemática, sumado a la ausencia de un sistema financiero que apoye a las familias de bajos ingresos y a la escasa disponibilidad de suelo seguro y urbanizado, entre otros.

Colaborado por MIGUEL MODESTE GONZALEZ, MWELLOVE@HOTMAIL