Concejal de Urbanismo.

El concejal de Urbanismo dice que es legal dar pisos a personas expropiadas. El concejal de Urbanismo de Torrent, Santiago Martí, alegó que es "perfectamente legal destinar viviendas protegidas al realojo de personas que han sido expropiadas". Además agregó que así lo contemplan tanto la reciente ley estatal del Suelo como el reglamento de la Comunidad Valenciana y que las bases de un sorteo "no pueden contravenir la ley". El portavoz del PSPV, José Veiga, opino que la adjudicación de las 308 viviendas concursadas en julio de 2006: 83 en el edificio M-13, 135 piso en el M-17 y otras 90 en el M-3.supone lesionar los derechos de los cientos de jóvenes torrentinos que optaron y optan a una de las viviendas" y que "cumplían en su día todos los requisitos establecidos". Afirmo que son 1.300 los jóvenes que aspiran a ellas.

De las 308 viviendas que fueron sorteadas, 27 quedaron disponibles, pero solo 18 vuelven a sortearse. Según las bases del concurso los requisitos eran que los solicitantes fueran jóvenes (fecha de nacimiento posterior al 1 de enero de 1969) aunque no había límite para los discapacitados, que estuvieran empadronados en el municipio desde al menos antes del 1 de enero de 2003, que no tuvieran vivienda en propiedad y que los ingresos familiares anuales fueran inferiores a 4 ó 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Luego de la adjudicación de las viviendas, quedaron varias disponibles, algunas por renuncia de los agraciados o porque no podían afrontar la compra. Lo que implicaba volver a sortear esas viviendas, según las normas estipuladas, Sin embargo, Nous Espais, cuyo gerente es el ex director del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) Fermín Domenech, no saca a sorteo las que quedaron sin vender en el M-13. El 30 de octubre pasado "se anunció la reserva de las viviendas vacantes del edificio M-13 para la reubicación de algunas de las familias de la calle Paseo de Rosales" afectadas por la urbanización de Parc Central 2, que afectó a 25 familias.Se reservaron para las familias que no aceptaron el proceso de expropiación y lo recurrieron a los tribunales. Los que sí aceptaron el precio ofrecido no pueden concursar para estas viviendas.

El concejal Valentín Fernández explicó que cuatro de las viviendas serán reservadas para miembros de la familia de una persona que en las anteriores elecciones iba en las listas del PP con el número 16. Y se vincula esa inclusión en las listas a un intento de los populares de atraerse el voto de las personas de etnia gitana.