Gracias al colaborador Pedro E. Estilla por enviarnos esta información...
Con este fin, se sugieren algunas variables e indicadores como referentes para evaluar la capacidad y voluntad de las comunidades rurales para la gestión de los sistemas de agua potable.
Ambos conceptos son complementarios y deben de ser analizados de forma integral porque, muchas veces, las comunidades rurales presentan una alta voluntad para acceder a sistemas de agua potable. Sin embargo, no han desarrollado las capacidades mínimas necesarias para sostener los sistemas en el largo plazo. De la misma forma, pueden existir comunidades con una alta capacidad en sus estructuras comunales para gestionar sus sistemas de agua potable, pero presentan escasa motivación para invertir sus energías y recursos en su sostenimiento.
Es por esta razón que la comprensión de estos conceptos puede facilitar que la inversión sea más eficiente y sostenible. Una comunidad rural presenta una alta o baja capacidad para la gestión comunitaria del sistema de agua potable a través de la evaluación de las siguientes variables:
– Estructura organizativa comunal.
– Capacidad de pago de las familias.
– Nivel de conflictos sociales en la comunidad.
Presencia de personas u organizaciones con conocimientos previos sobre el manejo de sistemas de agua potable.
Variables Indicadores Además, una comunidad rural presenta una alta o baja voluntad para la gestión comunitaria de los sistemas de agua potable según las siguientes variables:
-Valoración del acceso y calidad del agua potable.
– Propuesta comunal para asumir la gestión del sistema de agua potable.
– Motivación personal para la gestión del sistema de agua potable. -Disponibilidad de pago de las familias.
Algunas de estas variables presentan una mayor o menor complejidad para su medición, por lo tanto se necesitará de diferentes indicadores que permitan conocer su realidad de forma más concreta. El cuadro 1 presenta algunos indicadores que pueden ser analizados para evaluar la fortaleza o debilidad de la gestión comunitaria en zonas rurales. Además, existe un contexto que repercute en la gestión comunitaria. Este contexto tiene que ver con las siguientes variables:
a) Nivel de ruralidad y urbanización de la comunidad.
b) Localización y calidad de la fuente de agua que abastecerá al sistema de agua potable.
c) Nivel de cobertura y/u horas de servicio del agua potable.
d) Tipo de tecnología a implementar o mejorar.
e) Presencia de un centro o puesto de salud en la comunidad.
f) Incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias.
g) Nivel de cobertura de sistemas de saneamiento y su uso.
h) Presencia de instituciones privadas u ONG que trabajen en estas áreas del desarrollo.
i) Nivel de compromiso asumido por el gobierno local y regional para la asistencia y seguimiento de las comunidades rurales y sus organizaciones de agua.
j) Marco legal que garantice la gestión comunitaria y especifique los roles y funciones de las diferentes instituciones relacionadas con la gestión local y la supervisión de los sistemas de agua potable. Estas variables no forman parte de la gestión comunitaria, pero influyen fuertemente en ella, por lo tanto deberán ser analizadas en el momento de evaluar la pertinencia del proyecto o sus alcances. Así, son la capacidad, la voluntad y el contexto los que pueden ayudar a definir las características de la intervención en las comunidades.
Con esta propuesta, no se quiere decir que existan comunidades que no merezcan ser atendidas, sino todo lo contrario: existirán comunidades que requieran una mayor intervención de los programas para fortalecer su tejido social y económico, y así garantizar la existencia de los niveles mínimos necesarios para la sostenibilidad de la gestión comunitaria. En cambio, existirán otras localidades donde quizá las condiciones para su implementación ya se han desarrollado. En consecuencia, la estrategia de intervención tendrá otras características y será más rápido iniciar el proyecto. Sin embargo, estos criterios deben ser evaluados y conocidos antes de iniciar el proyecto para que no aparezcan como elementos de sorpresa e inestabilidad durante su implementación.
Esto implicará que los programas deban incluir dentro de su estructura, un equipo profesional que se encargue de construir los criterios y evaluarlos en la etapa inicial de la promoción para que sirvan de punto de partida en la implementación de la propuesta. En esta perspectiva, cabe mencionar los criterios utilizados por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (Pronasar) para evaluar los niveles de gestión comunitaria y corresponsabilidad de los servicios de agua potable de las comunidades rurales. La selección de las regiones y provincias se efectúa según sus niveles de cobertura de agua y saneamiento rural, el índice de pobreza de su población y el índice de enfermedades diarreicas y parasitarias.
De las provincias seleccionadas por presentar una problemática más crítica, se convoca abiertamente a sus municipios distritales para que presenten propuestas de comunidades dentro de su jurisdicción a ser atendidas por el programa. Para este fin, los municipios deben expresar por escrito el deseo de construir o mejorar los sistemas de agua potable, así como comprometerse al cofinanciamiento de los proyectos. Hasta este nivel del proceso, los criterios de selección son claros y determinan la selección final de los municipios.
Sin embargo, los criterios utilizados por los municipios para seleccionar a las comunidades beneficiadas por el programa no son claros. Existen criterios dados por el Pronasar para la selección de las localidades, como contar con una organización comunitaria establecida; presentar una solicitud para la rehabilitación, expansión del sistema ya existente o la construcción de un sistema nuevo; contribuir con un porcentaje de los costos a través de su mano de obra y una cuota mensual expresada por escrito según una decisión comunal.
Pero muchas veces las comunidades son seleccionadas sin contar con estos criterios mínimos y son los operadores técnicos sociales (OTS) quienes deben enfrentar y superar tales dificultades con las comunidades ya seleccionadas por el municipio. En otras palabras, los municipios no cuentan con las herramientas ni criterios necesarios para evaluar la verdadera capacidad y voluntad de las comunidades y puedan cumplir efectivamente con sus compromisos, por lo que se deriva esta responsabilidad a los OTS, quienes deben potenciar el trabajo organizativo y la voluntad de pago para la cuota mensual, hechos que retrasan y, muchas veces, obstaculizan el cumplimiento de las metas propuestas.
Así, de las ocho variables sugeridas en esta nota, para medir las condiciones mínimas para la corresponsabilidad de las comunidades rurales el municipio se encarga de evaluar en el mejor de los casos únicamente tres de ellas, que son: la estructura mínima de organización, la disponibilidad de pago y la propuesta comunal para asumir los compromisos del proyecto.
