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Economia y vivienda

La vivienda y la economía.

Así como la inversión en la compra o alquiler de una vivienda constituye una de las inversiones más significativas dentro de la economía familiar o individual, también si se atiende a la economía de una sociedad se observa que la vivienda constituye uno de los indicadores más fiables para apreciar las características generales de esa sociedad.

Los economistas hacen notar que el ritmo de construcción de viviendas es el exponente más claro para apreciar el grado de prosperidad económica de una sociedad en un momento dado. Esto se debe al hecho de que para construir una vivienda se movilizan prácticamente todos los sectores industriales y artesanos que dan vida económica a un país.

El hecho de que el nivel de construcción sea alto suele responder a la existencia previa de una demanda capaz de adquirir las viviendas construidas. Con el incremento del número de edificaciones, esta parte de la población que desea invertir su capital verá la posibilidad para hacerlo, lo que contribuirá a desarrollar una movilidad económica que siempre resulta saludable para un país. Por otra parte, el grado de prosperidad que pueda haber alcanzado la economía en un lugar y en un momento dado se refleja también en la disminución del número de infraviviendas, que también se conocen bajo el nombre de “viviendas precarias”.

Este tipo de vivienda construida a base de materiales de desecho da cobijo a familias enteras sin contar en realidad con unas mínimas condiciones de salubridad en sus instalaciones. Los poblados de viviendas precarias suelen estar situados en zonas marginales de las ciudades, desplazándose continuamente a aquellos terrenos suburbanos o rurales -alejados del “centro”- que no han sido urbanizados y que, por razones de mercado, se convierten en terrenos atractivos para especuladores.

Actualmente, los gobiernos nacionales de los países que padecen el problema de la existencia en su territorio de una alta proporción de infraviviendas van incorporando a sus proyectos políticos, cada vez con más frecuencia, programas de realojamiento en viviendas convencionales dirigidos a estas familias, no sólo con el propósito de proporcionarles alojamientos más dignos, sino también porque, con este procedimiento, pueden disgregarse los grupos que pudieran llevar a cabo actividades socialmente reivindicativas, e incluso delictivas, muchas veces asociadas con estos poblados marginales de vivienda precarias, y procurar así su reintegración social.

A su vez, resulta claro que el grado de prosperidad de una sociedad se traduce no sólo en el número de viviendas que se construyen, sino en su calidad y categoría, de las que dependerá el grado de satisfacción de aquellas familias que lleguen a habitarlas, así como la decisión que los consumidores puedan tomar para realizar o no una inversión económica en ellas. Todas estas observaciones sobre la importancia de la vivienda como bien de consumo y como motor de la economía de una sociedad determinan el hecho de que, en los países desarrollados, los Estados presten una gran atención a la planificación de las construcciones.

Históricamente, siempre que se ha producido la urbanización de una zona, se ha hecho necesaria cierta intervención por parte del Estado, aunque sólo fuera desde el punto de vista urbanístico, para evitar que brotaran epidemias causadas por las condiciones insalubres de las edificaciones o por el hacinamiento. Desde la época de gran desarrollo de la vivienda que tuvo lugar como consecuencia de la Revolución Industrial a lo largo del siglo XIX, en los países de cultura anglosajona, precisamente allí donde el desarrollo industrial y urbano tuvieron más fuerza, la creación de vivienda destinada a ser ocupada por colonias pertenecientes a las clases trabajadoras corrió en buena medida a cargo de los mismos empresarios que ofrecían el empleo a los obreros a menudo emigrados a la gran ciudad desde las zonas rurales.

Estas viviendas no siempre presentaban unas mínimas condiciones de dignidad para los trabajadores que iban a ocuparlas. Como reacción, se crearon organizaciones de beneficencia privada que se preocuparon por ofrecer viviendas de más calidad y en unas condiciones más favorables precisamente a las clases trabajadoras o a las más desfavorecidas económicamente. Las dos formas de intervención en la construcción de viviendas por las que puede optar un Estado consisten, por una parte, en realizar programas de viviendas de protección oficial, que se venden a los ciudadanos a un precio menor que las construidas exclusivamente por iniciativa privada; por otra parte, el Estado puede preferir animar la capacidad de sus ciudadanos para invertir en vivienda.

Así, el grado de intervencionismo de cada Estado puede ser mayor o menor, pero, en general, todos mantienen algún grado de influencia o de intervención, ya sea construyendo o estimulando la adquisición de viviendas mediante procedimientos tales como la concesión de créditos a fondo perdido, desgravaciones fiscales o, sencillamente, mediante el establecimiento de legislaciones protectoras para los inquilinos o para aquellos que deciden invertir sus ahorros en la adquisición o construcción de una vivienda. (Colaborado por: Raul Nolasco Kipes, Argentina )

Bibliografía


Referencias, créditos & citaciones APA:
Portal de arquitectura Arqhys.com. Equipo de redacción profesional. (2012, 12). Economia y vivienda. Escrito por: Arqhys Contenidos. Obtenido en fecha , desde el sitio web: https://www.arqhys.com/contenidos/economia-vivienda.html.

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